Diálogos de Política

En México, todo se politiza. Cualquier asunto, aunque no tenga nada que ver con cuestiones políticas, tiende a politizarse y más en esta época en que estamos en vísperas de una elección presidencial, la del 2012. Con la llegada a su fin del partido hegemónico en el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados en 1997 se pensó que ello permitiría que muchos asuntos que no pasaban por la aprobación del pleno de la cámara baja por así convenir a los intereses de esa mayoría simple que ostentaba el partido Revolucionario Institucional, a partir de ese año, se podrían discutir con mayores posibilidades de que fueran aprobados pero la realidad ha demostrado que no fue así y que por el contrario las fuerzas políticas al interior del Congreso federal se han polarizado una y otra vez y no se ha podido avanzar en las reformas estructurales ni en otros asuntos en los que se requiere la aprobación de los legisladores y legisladoras de la Cámara de Diputados. Eso ha ocurrido con el asunto de la despenalización del aborto que ha sido un tema que ha polarizado las opiniones de todos los sectores del país y desde luego de la Iglesia católica. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que fueron válidas las reformas que se hicieron a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal (en 1931 fue aprobado el código Penal para el DF en el que se establecía la despenalización del aborto en casos de violación, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer y cuando el aborto es producto de una imprudencia de la mujer) para despenalizar el aborto en esa jurisdicción geográfica, se determinó que para que esta disposición se aplicara en el ámbito nacional debería ser aprobada por al menos 16 de los 31 Congresos locales del país. Veamos la cronología que se dio en torno a este tan debatido asunto: En 1976. la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) presentó una propuesta para despenalizar el aborto en la Cámara de Diputados. No hubo respuesta. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) creó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México (GIEA), constituido por especialistas y ministros de culto. Recomendó suprimir toda sanción penal a las mujeres que, por voluntad expresa, decidan hacerse un aborto, lo mismo que al personal que lo practique. Pidió el dictado de normas sanitarias para que el servicio se preste en óptimas condiciones. El año siguiente la CMF volvió a presentar la iniciativa a favor del aborto voluntario pero no hubo respuesta. En 1983 el presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO intentó modificar el Código Penal para reformar las disposiciones relativas al aborto y al adulterio. Ante la fuerte reacción de la jerarquía de la Iglesia Católica y grupos conservadores, la iniciativa fue archivada. En 1990, se fundó la Coordinadora Feminista del Distrito Federal (CFDF), que retomó los objetivos de la CMF: por la libertad sexual, contra la violencia a las mujeres y por la despenalización del aborto. El Congreso de Chiapas aprobó ampliar las causas por las que el aborto no sería castigado: a solicitud de la pareja, con el fin de planificación familiar, a petición de una madre soltera o por razones económicas. La jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron la reforma y diversas organizaciones civiles se movilizaron a favor. La reforma penal fue congelada. Congelar la ley del aborto en Chiapas produjo en el DF un debate entre los partidos políticos. Sindicatos, organizaciones de mujeres, de feministas y de salud, y partidos políticos formaron el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. El presidente Carlos Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para permitir el aborto por razones económicas. El PAN consiguió que se rechazara. En 199, más de 40 organizaciones civiles agrupadas en la campaña “Acceso a la Justicia para las Mujeres” presentaron propuestas de reformas al Código Penal; entre ellas, ampliar las excepciones por las que se permite el aborto en el DF. La propuesta no fue aprobada. En Mexicali fue violada Paulina, adolescente a quien las autoridades estatales le impidieron que aborte. El caso adquirió repercusión nacional e internacional. A la fecha, continúa el proceso penal a los funcionarios públicos involucrados. El 14 de agosto del año 2000 la Jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, envió una propuesta a la Asamblea Legislativa (ALDF) para modificar la legislación penal en materia de aborto, aumentar algunas causas de despenalización y establecer mecanismos claros para acceder al aborto por violación y por inseminación artificial no consentida. El día 18 de ese mismo mes, la ALDF aprobó la propuesta de Robles. Se aumentaron tres causas para abortar legalmente en la capital del país: por inseminación artificial no consentida, por grave daño a la salud de la mujer y cuando el producto presenta malformaciones congénitas o genéticas graves. También se obligó a los médicos a dar información precisa sobre el procedimiento y las consecuencias del aborto. El 25 de septiembre, asambleístas del PAN y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una Acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra las reformas aprobadas. Argumentaron que era inconstitucional permitir el aborto por malformaciones congénitas o genéticas graves del producto y que el Ministerio Público pudiera autorizar el aborto en casos de violación. Fue la primera vez que la SCJN enfrentó una controversia relativa al aborto. El 29 y 30 de enero la SCJN declaró la constitucionalidad de las reformas penales cuestionadas por asambleístas del PAN y del PVEM. En esta ocasión, el presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, manifestó: “¡Qué bien, por el bien de las mujeres!” La sentencia es irrevocable. El 26 de diciembre del 2003 se aprueban en la ALDF reformas en el tema de aborto al Nuevo Código Penal (CPDF) y adiciones a la Ley de Salud para el Distrito Federal (LSDF). El 2 de diciembre del 2004 se aprueba una nueva Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur, la cual establece un plazo para proceder a la interrupción del embarazo cuando haya sido autorizado por el Ministerio Público bajo condiciones de gratuidad y calidad. Obliga, de igual manera, a los servicios de salud del estado a suministrar anticoncepción de emergencia, en las siguientes 72 horas de sucedida una relación sexual no protegida, efectuada o no mediante violencia. El 31 de diciembre de ese mismo año se publica en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley de Salud para el estado de Baja California Sur. El 1 de marzo del 2005, el Congreso Estatal de Baja California Sur aprueba nuevos códigos: Penal y de Procedimientos Penales. El nuevo Código Penal de Baja California Sur establece una de las penas más bajas en la práctica de un aborto para la República Mexicana: de dos meses a dos años. Asimismo, se agrega una nueva causal de no punibilidad: cuando la salud de la mujer sufra grave afectación si no es practicado el aborto. También se reglamentó el aborto legal por violación o inseminación artificial en el Código de Procedimientos Penales. En éste, se señala la facultad del Ministerio Público de autorizar en un término de 24 horas el aborto cuando se cumplen cinco requisitos. El 20 de marzo de ese año, se publica en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales para el estado de Baja California Sur. Y el 20 de septiembre entran en vigencia el nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales para el estado de Baja California Sur. El 24 de abril del 2007 en un hecho histórico, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba la ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación. Esta ley incluye mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados y mejora los mecanismos para la protección a una maternidad libre, informada y responsable. El 28 de agosto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, mediante una votación de 8 votos a favor, declarar la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el DF antes de las 12 semanas de gestación. Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México. El tema del aborto o del Si a la vida se retomó nuevamente en el Congreso local desde la semana pasada y a iniciativa de un grupo de ciudadanos y de militantes del Partido Acción Nacional se pretendió adicionar un párrafo a la Constitución Política del Estado que establecía lo siguiente: “El estado de Baja California Sur reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación o concepción, hasta su muerte natural, salvo las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación local". El martes anterior fue sometido a votación al pleno, pero sólo alcanzó 11 de los 21 votos: los del Partido Acción Nacional, los dos del Partido de Renovación Sudcaliforniana, el de Convergencia y el del PANAL. Como se trata de una reforma constitucional se requería de las dos terceras partes, es decir 14 votos, que no se alcanzaron. El asunto se politizó a grado tal que la dirigente nacional de las mujeres priistas, LOURDES QUIÑONEZ CANALES le envió una carta a los legisladores locales de su partido para que meditaran bien su decisión sobre el voto ese día y también líderes nacionales panistas pidieron a sus legisladores y legisladoras que no se doblegaran y buscaran a toda costa incluir el citado párrafo en la Constitución del Estado. Todo, volvió a quedar como estaba. Ayer le obispo de la Diócesis de La Paz, MIGUEL ANGEL ALBA DIAZ llamó émulos de Poncio Pilatos a los diputados y diputadas del PRI y del PRD porque no apoyaron la iniciativa Si a la vida y dijo que se lavaron las manos…El ex gobernador NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO, el ex oficial mayor en su gobierno, HECTOR IBARRA ESPINOZA, el ex titular de la SEPUIE, GUILLERMO JAUREGUI MORENO y el director jurídico RAMON ALEJO PARRA OJEDA fueron denunciados penalmente el día de ayer por los ilícitos cometidos en la venta de un inmueble y unos terrenos propiedad del Gobierno del Estado. El dinero del primero, unos 27 millones de pesos no ingresó a las arcas estatales y se pagó un sobreprecio en los 5 terrenos ubicados en el Pedregal de Cabo San Lucas, por más de 50 millones de pesos por lo que se tienen indicios de que ese dinero fue a parar a cuentas bancarias personales y no del gobierno estatal. Ayer en rueda de prensa el procurador general de Justicia, GAMILL ARREOLA LEAL dio a conocer los hechos…ESTHELA PONCE BELTRAN, alcaldesa de La Paz concedió por primera vez en lo que va de su administración audiencias públicas en la colonia Villas de Guadalupe donde hubo una importante presencia de vecinos de esa y otras colonias aledañas. Allí la presidenta municipal hasta una cumbia bailó con un grupo de entusiastas mujeres que le reconocieron su buena disposición para escuchar los problemas que les aquejan. El video del baile ya circula en el You Tube. Este día, la PONCE BELTRAN sostendrá reuniones de trabajo con sus principales colaboradores para revisar avances de las acciones del gobierno municipal…El delegado de la SEDESOL en la entidad, FELIX FERNANDEZ GONZALE4Z negó que en el Programa de Empleo Temporal que aplica la dependencia a su cargo, en específico en el Museo Regional de esta ciudad, existan aviadores que cobran y no trabajan. Los fondos, dijo, se aplican con transparencia y de manera legal. Esa fue la exigencia, precisamente de la denunciante CLAUDIA NUÑEZ RUIZ quien fue contratada para trabajar junto con otras 14 personas en el remozamiento del inmueble…En Loreto el Cabildo del VII Ayuntamiento que preside JORGE ALBERTO AVILES PEREZA no aprobó la última cuenta pública del VI Ayuntamiento que presidió YUAN YEE CUNNINGHAM. El alcalde loretano prefirió no emitir una opinión al respecto para no adelantar juicios, pero se procederá conforme a la normatividad al respecto…