He dicho en este espacio que a lo largo de bregar por este mundo he conocido alcaldes de dulce, de chile y de manteca.
Colaboré con varios de ellos y, algunos, hasta compadres fueron.
Precisamente por ello, si alguien me preguntara si creo en la inocencia que argumenta el alcalde de Monterrey Fernando Lodazábal –perdón- Larrazábal, tengo mis dudas.
El alcalde regio, es de Oaxaca y tal vez no le suene su nombre, pero fue alcalde de San Nicolás, también en Nuevo León y Vicente Fox lo nombró director general del CAPFCE y fue el responsable de la construcción de la biblioteca José Vasconcelos del DF que fue una obra polémica que llegó a registrar más de 3 mil observaciones y además quedó inconclusa.
También dudo del argumento pueril esgrimido por los defensores legales del hermano del presidente municipal regio, Jonás, de los mismos apellidos, con respecto a que en las grabaciones de video que se difundieron y en las que se le ve recibiendo fajos de billetes de distinta denominación, no era un acto de corrupción sino que estaba cobrando por la venta de quesos de Oaxaca y mezcal que su pequeña empresa surte a los casinos y otras empresas de Monterrey.
No es la manera de pagar de una empresa por la compra de insumos.
Está bien que los mexicanos somos ingenuos, pero no pendejos.
No sería la primera vez que se dé el caso de un hermano incómodo para un gobernante.
Ha habido muchos casos en todo el país y los seguirá habiendo.
Por lo sucedido en Monterrey aquel trágico jueves 25 de agosto cuando murieron 52 personas en el incendio del Casino Royale, deberían estar en la cárcel todos aquellos que, de una manera u otra, estarían involucrados.
Por participación, por omisión o por lo que sea.
Pero la justicia en este país no alcanza para tanto.
Y no es que le ande haciendo segunda al señor presidente Felipe Calderón en eso de echarle de p2 a los del Poder Judicial.
Es que la realidad así lo ha demostrado.
Del caso de la guardería ABC de Hermosillo, apenas hay uno o dos culpables, en la cárcel.
Allí también la muerte documentó en su lista de pasajeros, a medio centenar de pequeños y pequeñas que asistían a esa estancia y que no tenían culpa alguna de la negligencia, la opacidad, la corrupción y la omisión.
El asunto del Casino Royale de Monterrey, como muchos otros casos un tanto similares, se politizó.
Con ello, tanto el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina como el alcalde de Monterrey, Fernando Lodazábal –perdón otra vez,-Larrazábal, se escudan en que lo que se busca es dañar su imagen política.
¿Y los muertos?
Más bien creo que no sólo estos servidores públicos y todos los demás que estarían involucrados por corrupción, sino todos los mexicanos y mexicanas, deberíamos ser sancionados.
Unos por corruptos y otros por indiferentes.
Repito, lo que hace falta es que la justicia se aplique como tal y punto.
El problema es quien se atreverá a ponerle el cascabel al gato.
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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