Cuando el magnicidio cometido en la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta allá en Lomas Taurinas, de Tijuana, BC., me hice y a su vez lo hice público, el cuestionamiento de qué, si cuál era el mayor delito: disparar la pistola de uso reglamentario del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, o el crimen cometido ese trágico 23 de marzo del 1994.
Esto porque de inmediato, intervino la Procuraduría General de la República bajo el argumento de que se trataba del crimen de un alto funcionario federal, aunque en realidad Luis Donaldo Colosio no tenía ya ese rango pues había renunciado a su cargo de secretario de Desarrollo Social y también, de que en su homicidio se había utilizado una arma de uso exclusivo para las fuerzas armadas de este país.
No me convencieron.
Debió haber investigado, primero, un agente del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de homicidio y después, la autoridad federal por el arma utilizada, pero lo hicieron al revés.
Por cierto, una Taurus 38 como la que se afirma accionó Mario Aburto Martínez para privar de la vida al ex candidato presidencial priista, fue la que se utilizó para ultimar al juez Abraham Polo Uscanga, quien investigaba una serie de delitos en los que se suponía estaban involucrados altos servidores púbicos federales y ese tipo de arma la utilizaba también, por el mayor Fernando de la Sota Rodalléguez, quien era cabeza del grupo Omega responsable de la seguridad de Colosio, no obstante su perfil criminal, pues incluso estuvo preso en el Reclusorio Oriente de la capital del país y formó parte del operativo que derivó en el cobarde asesinato del periodista Manuel Buendía. Ese 23 de marzo en Lomas Taurinas, de la Sota Rodalleguez caminaba al costado izquierdo del sonorense cuando cayó abatido en Lomas Taurinas.
¿No sería De la Sota Rodalleguez, el autor del segundo disparo, pues el arma que utilizaba era similar a la que se supone accionó Mario Aburto al dispararle en la cabeza a Colosio?
En un principio se dijo que Colosio había girado 180 grados luego de recibir el primer disparo y que fue entonces cuando Aburto le disparó por segunda vez, en el estómago, pero en realidad el ex candidato presidencial se desplomó al perderse la coordinación de su sistema nervioso. Jamás pudo haber girado 180 ni menos grados. Y si De la Sota iba a su costado izquierdo, éste bien pudo haber disparado también, pero nadie abordó ese tema.
Como se sabe, Othón Cortés Vázquez, un tijuanense que prestaba servicios de chofer al PRI cuando había campañas o visitas presidenciales a la zona, fue acusado de ser el supuesto ejecutor del segundo disparo, pero luego de un largo proceso judicial, salió libre de toda culpa, aunque fue demandado para pagar 18 millones de pesos al gobierno federal por las demandas que a su vez interpuso Otón, para demostrar su supuesta inocencia.
Curiosamente todos los supuestos involucrados, excepto Aburto Martínez, desde luego, están en libertad:
Tranquilino Sánchez Venegas uno de los integrantes del Grupo Tucán, Rodolfo Rivapalacio quien cobró un cheque por 50 millones de pesos en una sucursal de Banamex en Playas de Tijuana, Vicente y su hijo Rodolfo Mayoral, también integrantes del Tucán, José Antonio Sánchez Ortega, quien fuera detenido con manchas de sangre en la camisa alejándose del lugar del crimen y quien trabajaba para Seguridad Nacional, Salvador Hernández Tomasini, el que se tiró el clavado para detener el paso de LDCM, Graciela González(novia de Aburto), Othón Cortés Vázquez, el general Domiro García Reyes, Federico Antonio Reynaldos del Pozo y Fernando de la Sota Rodalleguez.
¿En calidad de qué, Fernando de la Sota Rodalleguez, desempeñaba funciones que realmente le correspondían al Estado Mayor Presidencial? Cuando Ernesto Zedillo se integró al EMP, pero hay la duda de si todavía pertenecía a ese cuerpo de élite militar cuando la campaña presidencial del 94.
Tal vez de los mismos que aquí en Baja California Sur le ordenaron al entonces titular de la Policía Judicial del Estado, capitán Fernando Gastélum Lara que no desplegara operativo alguno de sobrevigilancia a la llegada ni durante los recorridos que realizara Luis Donaldo en esta ciudad capital y el o los mismos que le ordenaron a Federico Benítez, entonces jefe de la Policía Municipal de Tijuana que no participara su gente en la protección del ex candidato presidencial.
Sobre el Caso Colosio, a 18 años de distancia, todavía no se han despejado muchas dudas.
¿No cree usted?
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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