En Estados Unidos de América, la Constitución Política de ese país faculta a sus habitantes para que puedan adquirir armas para su legítima defensa en caso de ser agredidos.
Pero esa premisa constitucional es mal utilizada en muchos casos y por ello suceden tragedias como la de Aurora, Arizona durante el estreno de la nueva película del personaje de los cómics, Batman.
Cada vez que hay un suceso como el referido, el tema de la garantía que otorga la llamada Segunda Enmienda constitucional surge el debate de si debe continuar o suprimirse.
Lleva años discutiéndose el asunto.
Pero los intereses políticos se imponen porque la Asociación Nacional del Rifle que defiende a capa y espada la dichosa enmienda constitucional fondea campañas de candidatos tanto republicanos como demócratas a cargos legislativos y ninguno de ellos quiere perder ese privilegio ni mucho menos tenerlos como enemigos.
Aquí en México, también ocurren tragedias como la de hace 15 días cuando murieron 7 pobres mineros en una mina o pozo productor de carbón en el estado de Coahuila donde ya ha habido otros sucesos trágicos como aquel del 19 de febrero del 2006 cuando murieron 65 mineros, que además sus cuerpos no pudieron rescatarse.
Y suele suceder que cuando se presenta la tragedia, todos se echan la bolita.
Nadie es culpable.
Ahora, se sabe que en el caso de la tragedia en la que perdieron la vida los 7 mineros, ya se había advertido que podría presentarse un suceso trágico en esa mina o pozo carbonífero.
¿Y?
Las autoridades de los tres niveles de gobierno se culpan unos a otros y al final de cuentas, insisto, nadie es culpable y los que pagan las consecuencias son los deudos de los fallecidos.
¿Será porque los mineros son, en su gran mayoría, mineros pobres?
Se requiere de más energía en la aplicación de la ley.
Que cada dependencia del gobierno, del nivel que sea, que tenga que ver con la operación de las empresas mineras, haga su trabajo y cumpla con lo que le indica la normatividad al respecto.
¿Cuántos muertos más tendrán que acumularse para que se actúe a fondo en este problema?
Sugiero que ahora que a partir del próximo uno de diciembre entrará en funciones el nuevo gobierno federal sexenal, se tomen cartas en el asunto.
Es necesario.
Que haya más atención a este problema y que no se permita que se violen las leyes y reglamentos como actualmente ocurre.
La vida de los trabajadores mineros del carbón, y de todas las demás actividades que se realizan bajo tierra en este país, tienen el mismo valor que las de los que se desempeñan como servidores públicos.
Ni más, ni menos.
¿Lo podrán entender los insensibles inspectores laborales y sus jefes de las dependencias de gobierno que tienen la obligación de vigilar que se tengan las medidas de seguridad necesarias para evitar ese tipo de accidentes?
Allá en el vecino país del norte, el problema de la posesión de armas para defenderse es un tema que es muy complicado.
La industria armamentística es una de las más poderosas el país, aunque en la fabricación de armas como pistolas, ametralladoras y fusiles de asalto no sea el gran negocio para ellos.
Pero aquí en México, la aplicación estricta de la ley, en el caso de la operación de las empresas mineras, no es algo que no pueda ejecutarse.
¿O sí?
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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