"El que nada debe nada teme", dice el dicho.
Entonces, ¿por qué nuestros diputados y senadores integrantes de la XLII legislatura no cumplen con el requisito de entregar su Declaración Patrimonial a la Auditoría Superior de la Federación?
Según una información difundida la semana pasada a 18 días de que iniciaron actividades, apenas el 10 por ciento de los legisladores federales han presentado su Declaración Patrimonial.
Hay resistencias a hacerlo.
¿Por qué?
Sólo los interesados lo saben, pero su actitud siembre dudas.
¿Qué ocultan?
La opacidad sigue siendo el principal obstáculo para que la sociedad mexicana conozca quiénes son, qué hacen, que bienes y propiedades tienen, nuestros políticos y representantes populares.
En mi desempeño como servidor público tanto en el ámbito estatal como municipal, siempre se sorprendían en la Contraloría porque era el primero que llegaba con mi declaración patrimonial.
Es cierto que no había mucho que modificar, año con año, pero en los primeros seis días del mes de mayo, yo cumplía con esta obligación, primero que nadie.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa ubica a México como el país más opaco en el tema, atrás de Argentina, Chile, Colombia y Perú, a pesar de que la normatividad obliga a los representantes populares a presentar sus declaraciones anuales, el Congreso de la Unión no los pone a disposición de la ciudadanía.
Por cierto, en la Cámara de Senadores está, como representante del PAN, Salvador Vega Casillas quien fuera titular de la Secretaría de la Función Pública a quien sería bueno preguntarle si él ya entregó su declaración patrimonial.
Se supone que las declaraciones patrimoniales debería recibirlas la Contraloría interna tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, pero en el caso de la primera se amparan en un convenio firmado en 2003 en el que se les deben entregar a la Auditoría Superior de la Federación la que argumenta que no puede divulgarlas porque son “documentos personales”.
Al parecer la Cámara de Senadores tendrá por primera vez el control de las declaraciones de los 128 legisladores y legisladoras que la integran, pero la cosa avanza muy lenta.
Y el problema no es sólo con los que llegan al Congreso de la Unión sino también con los que se van pues en el caso de los diputados federales que integraron la LXI Legislatura, apenas el 0.6 por ciento ha cumplido con esta obligación.
Creo honestamente que nuestros representantes populares deberían poner el ejemplo en materia de transparencia, pero ya sabemos que, incluso de los dineros que manejan internamente rinden muy pocas cuentas.
Está por ejemplo el caso del nuevo edificio del Senado de la República que hasta la fecha no ha sido posible saber con exactitud cuánto costó este inmueble lleno de fallas técnicas y arquitectónicas.
Baja California Sur tiene seis representantes en el Congreso de la Unión: los senadores Carlos Mendoza, Isaías González y Ricardo Barroso y los diputados federales, Arturo de la Rosa, Francisco Pelayo y Alfredo Zamora.
¿Ya entregarían su declaración patrimonial?
Es pregunta.
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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