Nuestra llamada Carta Magna, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, señala claramente que todos los habitantes de
este país, tenemos derecho a una vivienda digna.
Eso está muy bien.
Pero creo que debería agregársele a ese precepto
constitucional que, además de tener derecho a una vivienda digna y decorosa,
tenemos derecho a que esta no sea tan onerosa para nuestra economía familiar.
Entiendo que una casa adquirida vía financiamiento
bancario debe ser un buen negocio para el vendedor, pero en el caso del
Infonavit y del Fovisste que son instituciones del gobierno federal, deberían
ser menos costosas.
Y no hablo del valor en sí que tenga la vivienda al
momento de comprarse, sino de lo que al final del periodo para el que se
adquiere el compromiso del crédito hipotecario, tendrá la misma.
Es obvio que para entonces el bien inmueble tendrá un
valor distinto al adquirido, pero a lo que me refiero es a que no represente
para los beneficiarios de los créditos hipotecarios, el estar pagando y pagando
dos o tres veces el valor de lo adquirido.
No tengo idea de cuántos beneficiarios de créditos de
las instituciones oficiales que promueven créditos hipotecarios de parte del
gobierno, han perdido sus viviendas, precisamente porque se les dificultó pagarlas,
aun cuando en la mayoría de los casos, ya habían liquidado el costo real de las
mismas.
Ramón N, es un
empleado que a veces ni duerme por estar pensando en cómo conseguir la
mensualidad que tiene que entregar a un despacho de abogados que le cobran por
el crédito que le otorgó el Infonavit hace ya casi 20 años aquí en La Paz.
Las cosas se le complicaron porque su patrón con el
que trabajó todo ese tiempo, no pagó las cuotas obrero-patronales y las
aportaciones que debía hacer para amortiguar el crédito otorgado.
Lo peor es que con la crisis del 2008, ese patrón como
muchos otros, se fue a la quiebra de su negocio y Ramón se quedó sin trabajo y
a una edad en la que las puertas de la oportunidad de empleo no se abren por
más que uno las toque y trate hasta de derribarlas.
Daniel N, compró una casa allá en la periferia del DF
y dice que en el 2001 cuando la adquirió la costó 240 mil pesos. Doce años
después, es decir en 2013, luego de haber pagado 298 mil pesos, todavía debía
297 mil pesos.
Insisto: es entendible que los que construyen casas y
las vendan vía financiamiento, ganen dinero, pues los recursos con los que se
fondean provienen de instituciones bancarias que a su vez tienen que pagarle
intereses a sus clientes que guardan su dinero en sus arcas.
Pero en lo que considero debía haber un trato más
justo, es en lograr que el adquirir una vivienda de interés social para un
modesto obrero, no le signifique estar endeudado de por vida y a veces hasta la
muerte.
Nuestros representantes en el Congreso de la Unión
deberían pugnar por encontrar esquemas crediticios más adecuados que den margen
a los beneficiarios de los créditos hipotecarios a que puedan pagar a tiempo
pero no cantidades que suelen cobrar aquellos agiotistas que se dedican a
prestar dinero.
Si las ciudadanas y ciudadanos de este país tenemos
derecho a contar con una vivienda digna y decorosa pues entonces hagamos que se
cumpla ese derecho constitucional.
¿No cree usted?
La lectura es vida, lo demás, es lo de menos...hzr@prodigy.net.mx
P:D: cuando redactaba la columna, leí que EPN anunció
un programa de viviendas con pagos de 500 pesos mensuales. Bueno, pero hay que
ayudar también a los otros…
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