México
es uno de los países que enfrenta un gran déficit de viviendas de interés
social, pero, contradictoriamente, una cuarta parte de las que existen, es
decir un 25 por ciento están, ¡desocupada
Esos
datos los proporcionó hace unos días el Banco Interamericano de Desarrollo y
son una muestra fehaciente de que en política viviendística, en este país
andamos mal, muy mal.
Tan
mal, que las grandes empresas constructoras en el ámbito nacional, enfrentan
serios problemas de liquidez y más de una de ellas está al borde la quiebra a
un paso del concurso mercantil.
¿Qué
es lo que pasa?
El
problema es complejo y abordarlo a fondo requeriría de expertos en el tema y de
mucho más espacio que esta modesta columna, por lo que únicamente me remito a
un análisis muy superficial, o mejor dicho, a comentar lo que me parece son
errores que han cometido los gobiernos en política de vivienda de interés
social.
Y
tal vez más que errores en sí, creo que lo que ha permeado para que estemos en
problemas en el sector de la construcción de la vivienda de interés social, es
algo que todos conocemos y que es un cáncer que corroe a la mayoría de las
dependencias del gobierno en sus tres niveles: corrupción.
El
caso más notorio fue en el pasado sexenio, y no se trata de echarle tierra a
los que gobernaron y ya se fueron, sino de ubicar en su justa dimensión el
problema: al aprobarse la construcción de miles de viviendas en áreas alejadas
de los centros urbanos esas son las que ahora aparecen en mayor número en la
estadística de ese 25 por ciento de casas desocupadas.
Incluso
ha habido sobreoferta.
Según
los datos que dio a conocer el BID, por ejemplo, en el año 2009 se autorizaron
900 mil créditos para construcción de viviendas de interés social a través de
los organismos gubernamentales que tienen esos programas, mientras que la demanda de nuevos hogares ese
año, se ubicó en unos 600 mil
Todas
las grandes empresas constructoras del país empezaron a desarrollar vivienda en
zonas de muy bajo costo el metro cuadrado de la tierra, pero sin urbanización y
dar esos servicios, representaba la erogación de grandes cantidades de dinero
para los inversionistas.
Además,
la mala calidad de esas viviendas las convirtió en nada atractivas para los
potenciales compradores.
Casos
como estos, aquí en Baja California Sur, hay varios.
Eso
por un lado: por el otro, hay que resaltar la insuficiencia de recursos
financieros para los derechohabientes que pueden comprar una casa vía crédito
hipotecario, principalmente en el Infonavit.
En
la entidad hay entre 35 y 45 mil jefes de familia o trabajadores con derecho a
un crédito de Infonavit que no pueden ejercerlo porque no les alcanza para
adquirir la vivienda de interés social más modesta que ya supera los 300 mil
pesos.
Así
las cosas, mientras miles de familias esperan obtener una vivienda digna, vía
crédito hipotecario, existen miles que no son habitadas y que se están
deteriorando y representaía mayor gasto el rehabilitarlas.
Por
cierto, le estoy siguiendo la huella a un asunto inmobiliario en el que se
presume están involucrados ciertos personajes ligados al gobierno y que
estarían lavando dinero con la compra-venta o renta, de viviendas, en una zona
de interés social.
Ya
se sabrá de quién o quiénes se trata y si hay o no irregularidades en el
asunto.
La
lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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