¿Conocerán nuestros
ministros, jueces y magistrados judiciales, aquello de que el que es buen juez por su casa empieza?
Lo pregunto porque los
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los
consejeros de la Judicatura Federal, rechazan dar a conocer a la opinión
pública, su situación económica.
Todos ellos han
insistido en que no tienen por qué hacer públicas sus declaraciones
patrimoniales.
Uno de los argumentos
que se han esgrimido y que también beneficia a los servidores públicos de los
tres niveles de gobierno, es que, si se hacen públicas sus propiedades o
bienes, podrían correr riesgos de secuestro y acciones del crimen organizado.
Eso pesó en la
decisión que tomó la SCJN, precisamente el año pasado avaló la negativa de que
los 500 integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales.
Podría asistirles la
razón.
Pero yo considero que al
hacerlas públicas, sus declaraciones patrimoniales no tendrían por qué incluir
los datos precisos donde se ubican sus propiedades.
Y ellos insistirán en
que, precisamente al mostrarlas públicamente quedarían expuestos, es decir vulnerables
al crimen organizado.
Surge una
interrogante:
¿Los servidores
públicos referidos incluirán todos sus bienes y propiedades en las
declaraciones patrimoniales que presentan ante la instancia correspondiente?
No lo podemos afirmar,
pero lo más probable es que NO.
No hay que olvidar que
al fin y al cabo quienes llevan el control de las declaraciones patrimoniales
son personas físicas y que les podría dar la tentación de filtrar esos datos
para evidenciar a alguien señalándolo de enriquecimiento inexplicable.
México, como nación, tiene
uno de los índices más bajos en lo que a transparencia y rendición de cuentas
se refiere.
De hecho, eso de la
rendición de cuentas es puro blá, blá, blá.
Y lo curioso del caso
es que quienes están más obligados a ser transparentes busquen ocultarse tras
una espesa cortina, impenetrable para el ciudadano común.
Hace unos días, el
tema de la publicación de las declaraciones patrimoniales volvió a ser abordado
por la SCJN y la decisión no ha variado:
Se mantiene la
opacidad en aras de la protección a nuestros servidores públicos.
¿Lograremos invertir
los papeles algún día?
Se ve difícil.
A menos que se legisle
sobre la materia, pero se cae en un círculo vicioso: los que tienen que aprobar
las leyes no son partidarios de la rendición de cuentas y de la transparencia.
Y los que tienen que aplicar
la justicia al respecto, tampoco.
Para desgracia
nuestra.
La lectura es vida, lo
demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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