Leo un boletín emitido por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, la Profepa, en el que con bombo y platillo se da a conocer que fueron
aprehendidas tres personas en posesión de 4 ejemplares de totoaba mcdonaldi,
una especie marina en extinción que, sólo se localiza en la parte norte del
Golfo de California.
Como es una especie en extinción, me parece ejemplar que la Profepa la
proteja y que se castigue a quienes violentan la normatividad al respecto, como
sucedió con los 3 detenidos allá en el vecino estado de Baja California.
Pero también me gustaría ver que las autoridades ambientalistas
encargadas de aplicar sanciones, lo hicieran con aquellos que cometen delitos
más graves aún y que no son ni siquiera molestados con el pétalo de una rosa.
Antes de lo del asunto del decomiso de la totoaba, que es un pez
perciforme que ha sido llevado casi a la extinción luego de una explotación
excesiva, se conoció del caso de un joven estudiante de Leyes que por recoger 7
almejas pitsmo de una playa en la zona de la Pacífico-Norte acá en Baja
California Sur, también fue detenido, esposado y encarcelado.
Fue un caso similar a uno ocurrido hace una decena de años, cuando las
autoridades encargadas de la vigilancia pesquera detuvieron a una persona con 70
camarones en su poder y fue a dar al Centro de Reinserción Social de La Paz.
Hace unos días, los pescadores ribereños de la zona de Bahía Magdalena,
se quejaron de las prácticas depredatorias que aplican los barcos que se
dedican a la captura de sardina en esa región del Pacífico sudcaliforniano y
que además de realizar sus labores en aguas de bahías se estaban llevando con
sus sifones, otras especies que están en veda.
El argumento de la autoridad competente es que las empresas
propietarias de las embarcaciones referidas, tienen permiso para capturar
sardina y que por lo tanto no se les puede sancionar, pero una cosa es que
atrapen sólo esa especie y la otra que se lleven entre las redes a otras más
que son el sustento de los pescadores ribereños.
¿Quién o quiénes protegen a los poderosos empresarios pesqueros que
actúan como modernos bucaneros?
Semanas después de que perdió la vida en un trágico accidente aéreo, el
exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, se supo que traía
entre manos, un jugoso negocio de fabricación de 200 a 300 barcos pesqueros que
serían utilizados en los litorales mexicanos, algunos de ellos localizados en Sudcalifornia
y que se había asociado con el entonces titular de la Comisión Nacional de
Pesca y Acuacultura, Ramón Corral Avila, para hacer el gran negocio de sus
vidas.
Corre la versión en medios pesqueros locales, de que algunos de los
barcos que están trabajando en la captura de sardina o de otras especies y que
vienen de Sonora y Sinaloa a los litorales de BCS, son de una empresa en la que
Corral Avila podría tener intereses y que tal vez por ello no los sancionan.
La ley no debe ser excluyente.
Tiene que aplicarse, trátese de quien se trate.
El problema es que en nuestro país el que tiene poder o relaciones con
el poder, logra evadir la justicia y los que no tienen ni quien les tienda la
mano, son los que van a dar a la cárcel porque no tienen ni siquiera para pagar
una multa.
Estoy a favor de que se combata el guaterismo.
De que no se permita que se exploten determinadas especies marinas
cuando están en veda.
Pero también estoy a favor de que se actúe contra quien sea y que el
imperio de la ley y no la impunidad, sea la divisa de quienes tienen la
responsabilidad de proteger las especies.
¿No le parece?
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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