Si en México no
existen ciudadanos de primera, segunda o tercera, entonces ¿por qué es tan
desigual la aplicación de la justicia?
¿Será que esta se mide
no tanto por esa regla sino por el soporte económico que tenga quien infringe
la ley o por las “palancas políticas” que pueda tener?
Parece que es esto
último, si nos atenemos a lo sucedido a dos indígenas, un hombre y una mujer
nativos de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo, que fueron
encerrados por oponerse ¡al aumento de las tarifas de agua potable!
Según la información
que se generó al respecto, resulta que un grupo de indígenas de la zona de
Carrillo Puerto se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado.
Al intervenir
elementos de la Policía de Cancún, donde se ubican las oficinas de la CAPA,
fueron detenidos 11 de los manifestantes, entre ellos Teresita Brito Peña y
Alfredo Esquivel y Cab.
Nueve de ellos
salieron libres bajo fianza al pagar multas de 4 mil a 10 mil pesos, pero
Teresita y Alfredo fueron acusados de
sabotaje y podrían purgar una condena de hasta 10 años de prisión, pues
así lo establecen las leyes de aquella entidad, al respecto.
Los defensores de este
par de ciudadanos no se explican qué criterio jurídico aplicó el juez que llevó
la causa de la denuncia del CAPA contra los 11 implicados en la manifestación,
pues debió haberse tratado con el mismo rasero a todos y dejarlos libres o bien
continuar con el proceso.
La verdad que ya
debería uno estar acostumbrado a que pasen estas cosas.
Apenas hace unos días,
en este espacio se abordó el tema de una luchadora social del estado de
Guerrero, Néstora Salgado que está prisionera acusada de secuestro, aunque todo
parece indicar que se torció la ley, para torcerla a ella y mantenerla tras las
rejas.
Que a Teresita Brito
Peña y a Alfredo Esquivel y Cab los puedan condenar a 10 años de prisión por un
supuesto delito que en realidad no cometieron, despierta indignación.
Más cuando sabemos de
personajes del ámbito político y empresarial del país que han cometido delitos
graves y que gozan de impunidad y a los que la ley, les hace lo que el viento a
Juárez, con el debido respeto para don Benito, que por cierto ese es el nombre
oficial del municipio que identificamos más como Cancún porque en el se ubica
este famoso centro turístico internacional.
¿Usted cree que el
oponerse al incremento al costo de las tarifas del servicio de agua potable sea
más penado que desaparecer fondos de pensiones por casi 15 mil millones de pesos?
Yo digo que no.
Y es que otra vez se
está abordando el asunto relacionado con la desaparición de dos fondos de
pensiones de extrabajadores ferrocarrileros, uno por 14 mil 500 millones de
pesos y el otro por 345 millones de pesos.
En el asunto tiene que
ver el eterno líder ferrocarrilero Víctor Flores quien en las dos veces que ha
sido diputado federal se ha dado el lujo de obsequiar a todos sus compañeros de
bancada –más de 200-, chamarras finas de piel importadas de España en una
ocasión y una latop o computadora portátil en otra y no creo que las haya
comprado con su salario legislativo.
En el tiempo que tiene
como líder, han desaparecido esos fondos de pensiones y de otros rubros que la
dirigencia a su cargo ha manejado discrecionalmente y sin rendir cuentas a
nadie.
Aunque al parecer ya hay
un acuerdo para que el gobierno federal absorba el adeudo.
¡Linda cosa!
La lectura es vida, lo
demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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