“La única gasolinera que vende los litros completos es la que se ubica en Isabel la Católica y 5 de Mayo”, me dijo alguna vez el entonces delegado de la Profeco en la entidad, Gabriel Renero Lara.
Intrigado, no tanto porque de todas las estaciones de servicios instaladas en esa época aquí en La Paz únicamente en esa se cumpliera con la norma, sino más bien por qué sus propietarios sí respetaban la ley, le pregunté la causa de ello a mi querido y ya fallecido compadre y dijo:
“Lo que pasa es que ellos son cristianos y predican con el ejemplo”.
Tiempo después, hice un ejercicio cargando gasolina en las diferentes estaciones de servicio y en efecto, puede comprobar que en la mayoría no se despachaban los litros completos, lo que aquí y en China se denomina fraude al consumidor.
El gerente de una de las ahora llamadas franquicias de Pemex, me dijo que ellos si estaban respetando la norma y así lo comprobé, pero habló de que había casos como el de una gasolinera ubicada por la Bravo cuyo gerente en menos de un año se había comprado una casa y un vehículo del año y no precisamente porque percibiera un salario elevado.
Hace unos días, dialogando del tema con un concuño me dijo que con un envase de galón, se había dado cuenta de que en varias estaciones de servicio de esta capital no venden los litros completos.
¿Y la Profeco? ¡Bien gracias!
Bueno, una nota de primera plana de este día en El Sudcaliforniano, habla de dos estaciones sancionadas.
Pero también una información de un diario de circulación nacional del pasado 10 de septiembre, da a conocer que los concesionarios o franquiciatarios de Pemex se niegan a modernizar 16 mil máquinas para evitar mermas en los despachos.
Que la Secretaría de Economía y la procuraduría Federal del Consumidor batallan desde hace siete meses para implementar una nueva Norma Oficial Mexicana que endurecería los controles a las gasolineras y que busca impedir la manipulación del software de las máquinas expendedoras.
Que las autoridades pretenden forzar el reemplazo de 10 mil dispensarios y la modernización de otros 16 mil que abarcan casi el 57 por ciento del parque total instalado, debido a que carecen de los denominados “aditamentos de confiabilidad” para impedir la manipulación, pese a existir un convenio firmado en 2006 con los gasolineros.
Como podrá concluirse, la autoridad no puede meter en cintura a estos ladrones que se llevan al año en todo el país, según estimaciones muy conservadoras, unos 50 mil millones de pesos por combustible cobrado pero no despachado, aunque los concesionarios dicen que sólo son unos 3 mil millones de pesos.
Los que sean, de todas maneras es un robo en despoblado.
¿No le da coraje?
¿Quién protege a estos individuos que tienen licencia para robar?
Se ha sabido de servidores y ex servidores públicos que tienen concesiones o franquicias de Pemex, igual que sucede con las autorizaciones para operar casinos y que por ello no se puede obligar a los que venden combustibles como gasolina y diesel a que lo hagan de acuerdo a lo que el cliente pague.
Las leyes en México nunca han sido excluyentes.
Son las propias autoridades encargadas de aplicarlas las que le dan ese cariz y obvio es concluir que esto obedece a la corrupción y la impunidad que imperan en los tres niveles de gobierno.
¿Y las tarjetas clonadas en las gasolineras? ¡Esa ya es otra historia!
La lectura es vida, lo demás…es lo de menos…hzr@prodigy.net.mx
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